El caso Villarejo revela el descontrol con los datos del censo de españoles

Los investigadores del caso en la Audiencia Nacional ya tenían constancia de que la red del polémico mando traficaba con datos de terceros, que conseguiría tirando de contactos en la Policía y que engrosaban los informes que vendía a sus clientes como un añadido más. Un sello distintivo.

Obran así en el sumario ejemplos de registros de llamadas –en la pieza sobre los encargos del BBVA se cuentan por miles– y también información salida directamente de bases policiales. Ahora, se añade la cuestión del censo, pues los mismos datos que aquel noviembre de 2009 vendía con interés a Olivera han aparecido en una de las piezas separadas de la causa, la número 30. Es el proyecto Ring, por el que consta acreditado un pago a S&M, del Grupo Cenyt, de 473.500 euros.

En esta ocasión, se trataba del litigio por una herencia en La Rioja que la cliente había perdido. La solución que se le propone es que el asunto se vuelva contra los que ganaron en forma de denuncia por inducción a la estafa procesal y falso testimonio. La empresa del comisario propone investigar a 30 personas de las que ya tiene nombre completo y DNI y cuyas direcciones exactas extrae de ese programa del censo. Entre ellas figura el magistrado que resolvió el asunto.

Además, los informes reflejan que buscaban testigos que dieran la vuelta al procedimiento y para ello, de nuevo, tiraron de su censo particular: barren por calles y van sacando posibles perfiles de interés, con nombre, apellidos, portal y piso, según revela un informe de Asuntos Internos adelantado por Nius al que tuvo acceso ABC. «Que nuestras chicas comprueben censo» , dice una de las anotaciones de trabajo de ese proyecto. El informe recoge los pantallazos del programa que, como aquel del que hablaban Villarejo y Olivera, ofrece una panorámica de dónde ha estado inscrita cada persona y con qué familiares desde 1991 y hasta 2009, Como el que vendían.

No es la única gestión que señalaban como pendiente. Como en otras piezas de la causa, se deja por escrito la necesidad de pedir al comisario principal y entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, «la gestión del número de teléfono» móvil del mencionado magistrado. Precisamente, un extenso informe de Asuntos Internos sobre el papel de García Castaño en el caso al que tuvo acceso ABC le sitúa proporcionando una copia del censo a Villarejo en el año 2005. «Lo del tema de este... el censo, joder, que no lo tengo yo actualizado» , dice el comisario. Y García Castaño contesta: «Te lo di yo, ¿no te di yo el censo?» Villarejo duda. «Te di el último, que eran cuatro disquetes», aclara su interlocutor, que incide en que los teléfonos fijos están al día porque son de «un ordenador que lo tiene conectado con Telefónica».

Fuentes de la defensa de García Castaño, procesado en dos piezas como «proveedor de información de acceso restringido contenido en las bases de datos policiales u otras fuentes no abiertas» , inciden en que aquella copia del censo era para uso policial porque Villarejo tenía permiso del Director Adjunto Operativo para acceder a datos en poder del Cuerpo. El juez imputa a García Castaño dárselos a cambio de una «iguala» que él niega.

Sí explican en fuentes policiales que hubo un tiempo en que el acceso a los datos censales por parte de la Policía era más sencillo que ahora. Bastaba con una petición genérica al Cuerpo municipal del Ayuntamiento. Desde mediados de la década de los 2000 se estableció un sistema para garantizar, sobre todo, la trazabilidad: la petición debe ser concreta y no genérica para evitar investigaciones prospectivas y siempre con rastro del agente que lo solicita, y la investigación en que se incardina. Es un hecho, explican esas fuentes, que la necesidad de celeridad en investigaciones sensibles ha llevado a veces a los Cuerpos policiales a servirse de canales extraoficiales para datos que luego debía avalar un juez, pero en la situación actual de inmediatez tecnológica, esto carece ya de sentido. Lo que está fuera de duda es que traficar con esos datos es ilegal.

La operación Pitiusa, en 2012, puso de manifiesto que se hacía y a alto nivel . Cayó la mayor red de tráfico de datos de ciudadanos que se había conocido. De hecho, otras fuentes consultadas indican que desde entonces es más discreto el mercadeo con bases como el censo o Hacienda, pero está vigente y no siempre con fines publicitarios.